Declaración del Ministerio de Relaciones
Exteriores
El 29 de septiembre de 2017, el Secretario de Estado de los
Estados Unidos, Rex Tillerson, anunció la decisión de reducir
significativamente el personal diplomático de su Embajada en La Habana y
retirar a todos los familiares, con el argumento de que se han producido
“ataques” contra funcionarios del gobierno estadounidense en Cuba, que les han
causado afectaciones a su salud.
El 3 de octubre de 2017, una vez más, el gobierno
estadounidense, en una acción injustificada, decidió que 15 funcionarios de la
Embajada de Cuba en Washington abandonen el territorio de los Estados Unidos,
sobre la base de que han reducido su personal diplomático en La Habana y que el
gobierno cubano no habría dado los pasos necesarios para prevenir “ataques”
contra estos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores protesta enérgicamente y
denuncia esta decisión infundada e inaceptable, así como el pretexto utilizado
para justificarla, al afirmarse que el gobierno de Cuba no adoptó todas las
medidas adecuadas para prevenir los alegados incidentes.
En la reunión sostenida, a propuesta de la parte cubana, con el
secretario de Estado, Rex Tillerson, el ministro de Relaciones Exteriores,
Bruno Rodríguez Parrilla, le advirtió de no tomar decisiones apresuradas sin
sustento en evidencias, lo instó a no politizar un asunto de esta naturaleza y
le reiteró la solicitud de cooperación efectiva de las autoridades
estadounidenses para esclarecer los hechos y concluir la investigación.
Es la segunda ocasión, después que el 23 de mayo de 2017 el
Departamento de Estado ordenara que dos diplomáticos cubanos en Washington
abandonaran el país, en que el Gobierno de los Estados Unidos responde de
manera precipitada, inapropiada e irreflexiva, sin evidencias sobre la
ocurrencia de los hechos invocados, en los que Cuba no tiene responsabilidad
alguna, y sin que haya concluido la investigación que está en curso.
Tal como fuera trasladado por el Canciller cubano al secretario
de Estado Tillerson, el 26 de septiembre de 2017, Cuba, que ha sido víctima en
el pasado de atentados contra miembros de su personal diplomático, asesinados,
desaparecidos, secuestrados o agredidos en el ejercicio de sus funciones,
cumple con toda seriedad y rigor sus obligaciones con la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en lo que se refiere a la protección de
la integridad de los agentes diplomáticos acreditados en el país, en lo cual
puede mostrar un historial impecable.
Como informó el Ministerio el pasado 9 de agosto, desde que la
Embajada y el Departamento de Estado de los Estados Unidos informaran, el 17 de
febrero de 2017, la presunta ocurrencia de incidentes contra algunos
funcionarios de esa sede diplomática y sus familiares desde noviembre de 2016,
alegando que les causaron daños y otras afecciones, las autoridades cubanas han
actuado con suma seriedad, profesionalismo e inmediatez para esclarecer esta
situación e iniciaron una investigación exhaustiva y prioritaria por indicación
del más alto nivel del Gobierno. Se reforzaron las medidas de protección de los
diplomáticos estadounidenses, sus familiares y sus residencias, se habilitaron
nuevos canales de comunicación expedita de la Embajada con el Departamento de
Seguridad Diplomática y se creó un comité de expertos para el análisis integral
de los hechos, integrado por autoridades policiales, médicos y científicos.
Ante la tardía, fraccionada e insuficiente información
suministrada por los estadounidenses, las autoridades cubanas solicitaron a la
Embajada de los Estados Unidos precisiones e informaciones adicionales que
permitieran realizar una investigación seria y profunda.
La Embajada de los Estados Unidos solo entregó algunos datos de
interés sobre los supuestos incidentes, después de que el 21 de febrero, el
Presidente Raúl Castro Ruz reiterara personalmente al Encargado de Negocios
a.i. de esa Misión diplomática la importancia de compartir más información y
cooperar entre las autoridades competentes de ambos países. No obstante, los
datos suministrados con posterioridad continuaron careciendo de descripciones o
detalles que facilitaran la caracterización de los hechos o la identificación
de posibles autores, en caso de haberlos.
En las semanas posteriores, ante nuevos reportes sobre alegados
incidentes y la escasa información aportada, las autoridades cubanas reiteraron
la necesidad de una cooperación efectiva, ampliaron las solicitudes
informativas a las autoridades estadounidenses e insistieron en ser notificadas
en tiempo real sobre la ocurrencia de nuevos incidentes para poder actuar de
forma oportuna.
En adición a lo anterior, en aras de contribuir al proceso
investigativo y legal que se radicó en virtud de la Ley de Procedimiento Penal
cubana, se trasladaron a las autoridades de los Estados Unidos requerimientos
informativos como parte del expediente de investigación.
Las informaciones entregadas por la parte estadounidense han
llevado al comité de expertos cubanos a concluir que estas son insuficientes y
que el principal obstáculo para el esclarecimiento de los incidentes ha sido la
falta de acceso directo a los afectados y a los médicos que los examinaron, la
entrega tardía de evidencias y su carencia de valor, la ausencia de una
información primaria fiable y contrastable, y la imposibilidad de realizar
intercambios con expertos de los Estados Unidos con conocimiento sobre hechos
de esta naturaleza y de la tecnología que pueda haberse empleado, a pesar de
haberlo planteado reiteradamente como una necesidad para avanzar en la
investigación.
Solo tras repetidas solicitudes al Gobierno de los Estados
Unidos, representantes de agencias especializadas de ese país viajaron
finalmente a La Habana el pasado mes de junio, se reunieron con sus
contrapartes cubanas y expresaron la intención de cooperar de forma más
sustantiva en la investigación de los supuestos incidentes. Volvieron a visitar
Cuba en agosto y septiembre, permitiéndoseles trabajar en el terreno por
primera vez en más de 50 años, para lo cual se les dieron todas las
facilidades, incluyendo la posibilidad de importar equipamiento, como muestra
de buena voluntad y del gran interés del gobierno cubano en concluir la
investigación.
Las autoridades cubanas valoran positivamente las tres visitas
realizadas por las agencias especializadas estadounidenses, las cuales han
reconocido el alto nivel profesional de la investigación emprendida por Cuba,
con un elevado componente técnico y científico, y que como resultado preliminar
ha arrojado que hasta el momento, de acuerdo con la información disponible y
los datos proporcionados por los Estados Unidos, no existen evidencias de la
ocurrencia de los alegados incidentes, ni de las causas y el origen de las
afecciones de salud notificadas por los diplomáticos estadounidenses y sus
familiares. Tampoco se han identificado posibles autores ni personas con
motivaciones, intenciones o medios para ejecutar este tipo de acciones, ni se
ha establecido la presencia de personas o medios sospechosos en los lugares
donde se han reportado los hechos ni en sus alrededores. Las autoridades
cubanas no están familiarizadas con equipos ni tecnologías que puedan ser
utilizadas para este propósito, ni cuentan con información que indique su
presencia en el país.
Al rechazar categóricamente cualquier responsabilidad del
gobierno cubano en los alegados hechos, el Ministerio de Relaciones Exteriores
reafirma una vez más que Cuba jamás ha perpetrado ni perpetrará ataques de
ninguna naturaleza contra funcionarios diplomáticos ni sus familiares, sin
excepción. Tampoco ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado
por terceros con este propósito.
El Ministerio enfatiza que la medida anunciada por el Gobierno
de los Estados Unidos, de reducir el personal diplomático cubano en Washington
sin que haya resultados investigativos concluyentes ni pruebas de los
incidentes que estarían afectando a sus funcionarios en Cuba, tiene un carácter
eminentemente político.
El Ministerio insta a las autoridades competentes del Gobierno
de los Estados Unidos a no continuar politizando este asunto, lo cual puede
provocar una escalada indeseada, así como enrarecer y hacer retroceder más las
relaciones bilaterales, ya afectadas por el anuncio de una nueva política
realizado en junio pasado por el presidente Donald Trump.
El Ministerio reitera la disposición de Cuba a continuar
propiciando una cooperación seria y objetiva entre las autoridades de ambos
países, con el objetivo de lograr el esclarecimiento de estos hechos y concluir
la investigación, para lo cual será esencial la colaboración más eficiente de
las agencias competentes de los Estados Unidos.
La Habana, 3 de octubre de 2017
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