El 16 de junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, en un discurso cargado de una retórica hostil, que rememoró los
tiempos de la confrontación abierta con nuestro país, pronunciado en un teatro
de Miami, anunció la política de su gobierno hacia Cuba que revierte avances
alcanzados en los dos últimos años, después que el 17 de diciembre de 2014 los
presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama dieran a conocer la decisión de
restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar un proceso hacia la
normalización de los vínculos bilaterales.
En lo que constituye un retroceso en las relaciones entre
los dos países, Trump pronunció un discurso y firmó en el propio acto una
directiva de política denominada “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional
sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba”
disponiendo la eliminación de los intercambios educacionales “pueblo a pueblo”
a título individual y una mayor fiscalización de los viajeros estadounidenses a
Cuba, así como la prohibición de las transacciones económicas, comerciales y
financieras de compañías norteamericanas con empresas cubanas vinculadas con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de inteligencia y
seguridad, todo ello con el pretendido objetivo de privarnos de ingresos. El
mandatario estadounidense justificó esta política con supuestas preocupaciones
sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y la necesidad de aplicar
rigurosamente las leyes del bloqueo, condicionando su levantamiento, así como
cualquier mejoría en las relaciones bilaterales, a que nuestro país realice
cambios inherentes a su ordenamiento constitucional.
Trump derogó asimismo la Directiva Presidencial de Política
“Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba”, emitida por
el presidente Obama el 14 de octubre de 2016, la cual aunque no ocultaba el
carácter injerencista de la política estadounidense, ni el objetivo de hacer
avanzar sus intereses en la consecución de cambios en el orden económico,
político y social de nuestro país, había reconocido la independencia, la soberanía
y la autodeterminación de Cuba y al gobierno cubano como un interlocutor
legítimo e igual, así como los beneficios que reportaría a ambos países y
pueblos una relación de convivencia civilizada dentro de las grandes
diferencias que existen entre los dos gobiernos. También admitía que el bloqueo
era una política obsoleta y que debía ser eliminado.
Nuevamente el Gobierno de los Estados Unidos recurre a
métodos coercitivos del pasado, al adoptar medidas de recrudecimiento del
bloqueo, en vigor desde febrero de 1962, que no solo provoca daños y
privaciones al pueblo cubano y constituye un innegable obstáculo al desarrollo
de nuestra economía, sino que afecta también la soberanía y los intereses de
otros países, concitando el rechazo internacional.
Las medidas anunciadas imponen trabas adicionales a las muy
restringidas oportunidades que el sector empresarial estadounidense tenía para
comerciar e invertir en Cuba.
A su vez, restringen aún más el derecho de los ciudadanos
estadounidenses de visitar nuestro país, ya limitado por la obligación de usar
licencias discriminatorias, en momentos en que el Congreso de los Estados
Unidos, como reflejo del sentir de amplios sectores de esa sociedad, reclama no
solo que se ponga fin a la prohibición de viajar, sino también que se eliminen
las restricciones al comercio con Cuba.
Los anuncios del presidente Trump contradicen el apoyo
mayoritario de la opinión pública estadounidense, incluyendo el de la
emigración cubana en ese país, al levantamiento total del bloqueo y a las relaciones
normales entre Cuba y los Estados Unidos.
En su lugar, el Presidente estadounidense, otra vez mal
asesorado, toma decisiones que favorecen los intereses políticos de una minoría
extremista de origen cubano del estado de Florida, que por motivaciones
mezquinas no desiste de su pretensión de castigar a Cuba y a su pueblo, por
ejercer el derecho legítimo y soberano de ser libre y haber tomado las riendas
de su propio destino.
Posteriormente haremos un análisis más profundo del alcance
y las implicaciones de este anuncio.
El Gobierno de Cuba denuncia las nuevas medidas de
endurecimiento del bloqueo, que están destinadas a fracasar como se ha
demostrado repetidamente en el pasado, y que no lograrán su propósito de
debilitar a la Revolución ni doblegar al pueblo cubano, cuya resistencia a las
agresiones de cualquier tipo y origen ha sido probada a lo largo de casi seis
décadas.
El Gobierno de Cuba rechaza la manipulación con fines
políticos y el doble rasero en el tratamiento del tema de los derechos humanos.
El pueblo cubano disfruta de derechos y libertades fundamentales, y exhibe
logros de los que se siente orgulloso y que son una quimera para muchos países
del mundo, incluyendo a los propios Estados Unidos, como el derecho a la salud,
la educación, la seguridad social, el salario igual por trabajo igual, los
derechos de los niños, y el derecho a la alimentación, la paz y al desarrollo.
Con sus modestos recursos, Cuba ha contribuido también a la mejoría de los
derechos humanos en muchos lugares del mundo, a pesar de las limitaciones que
le impone su condición de país bloqueado.
Los Estados Unidos no están en condiciones de darnos
lecciones. Tenemos serias preocupaciones por el respeto y las garantías de los
derechos humanos en ese país, donde hay numerosos casos de asesinatos,
brutalidad y abusos policiales, en particular contra la población
afroamericana; se viola el derecho a la vida como resultado de las muertes por
armas de fuego; se explota el trabajo infantil y existen graves manifestaciones
de discriminación racial; se amenaza con imponer más restricciones a los
servicios de salud, que dejarían a 23 millones de personas sin seguro médico;
existe la desigualdad salarial entre hombres y mujeres; se margina a emigrantes
y refugiados, en particular los procedentes de países islámicos; se pretende
levantar muros que denigran a vecinos; y se abandonan los compromisos
internacionales para preservar el medio ambiente y enfrentar el cambio
climático.
Asimismo, son motivo de preocupación las violaciones de los
derechos humanos cometidas por los Estados Unidos en otros países, como las
detenciones arbitrarias de decenas de presos en el territorio ilegalmente
ocupado por la Base Naval de Guantánamo en Cuba, donde incluso se ha torturado;
las ejecuciones extrajudiciales y las muertes de civiles causadas por bombas y
el empleo de drones; y las guerras desatadas contra diversos países como Irak,
sustentadas en mentiras sobre la posesión de armas de exterminio masivo, con
consecuencias nefastas para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región
del Medio Oriente.
Recordamos que Cuba es Estado Parte de 44 instrumentos
internacionales sobre los derechos humanos, mientras que los Estados Unidos lo
es solo de 18, por lo que tenemos mucho que mostrar, opinar, y defender.
Al confirmar la decisión de restablecer las relaciones
diplomáticas, Cuba y los Estados Unidos ratificaron la intención de desarrollar
vínculos respetuosos y de cooperación entre ambos pueblos y gobiernos, basados
en los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
En su Declaración, emitida el 1 de julio de 2015, el Gobierno Revolucionario de
Cuba reafirmó que “estas relaciones deberán cimentarse en el respeto absoluto a
nuestra independencia y soberanía; el derecho inalienable de todo Estado a
elegir el sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia de
ninguna forma; y la igualdad soberana y la reciprocidad, que constituyen
principios irrenunciables del Derecho Internacional”, tal como refrendó la
Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes
de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), en su II Cumbre, en La Habana. Cuba no ha renunciado a estos
principios ni renunciará jamás.
El Gobierno de Cuba reitera su voluntad de continuar el
diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo, así como la
negociación de los asuntos bilaterales pendientes con el Gobierno de los
Estados Unidos. En los dos últimos años se ha demostrado que los dos países,
como ha expresado reiteradamente el Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, pueden cooperar y convivir
civilizadamente, respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que
beneficie a ambas naciones y pueblos, pero no debe esperarse que para ello Cuba
realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia, ni acepte
condicionamientos de ninguna índole.
Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político,
económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de
presiones e imposiciones, o empleando métodos más sutiles, estará condenada al
fracaso.
Los cambios que sean necesarios en Cuba, como los realizados
desde 1959 y los que estamos acometiendo ahora como parte del proceso de
actualización de nuestro modelo económico y social, los seguirá decidiendo
soberanamente el pueblo cubano.
Como hemos hecho desde el triunfo del 1ro. de enero de 1959,
asumiremos cualquier riesgo y continuaremos firmes y seguros en la construcción
de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y
sostenible.
La Habana, 16 de junio de 2017
